Ante la crisis financiera del DAEM de Lebu, la nueva administración ha solicitado la investigación de la situación ante la justicia.
La alcaldesa de Lebu ha interpuesto una querella criminal ante el Juzgado de Letras y Garantía de Lebu debido a graves irregularidades detectadas en el manejo de recursos del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM). Estas irregularidades podrían configurar un eventual caso de malversación de fondos públicos por un monto cercano a los 1.500 millones de pesos, correspondientes a la Subvención Escolar Preferencial (SEP), subvención Pro Retención y proyectos de infraestructura educativa.
La discrepancia entre los saldos bancarios y administrativos fue detectada tras la revisión de los informes financieros del cierre presupuestario de 2024. Ante ello, la alcaldesa instruyó al director jurídico de la municipalidad para presentar la querella y dio orden de iniciar sumarios administrativos con el objetivo de determinar responsabilidades internas.
La alcaldesa manifestó su preocupación por los hechos, destacando que el dinero debía estar disponible para mejorar las condiciones de aprendizaje y recursos pedagógicos de los estudiantes de Lebu. “No sabemos dónde están estos recursos y necesitamos que el Ministerio Público investigue prolijamente para esclarecer esta situación que afecta gravemente a la educación de nuestros niños y niñas”, señaló.
Asimismo, enfatizó que el uso indebido de estos fondos afecta directamente proyectos educativos fundamentales y lamentó que recursos destinados al desarrollo de herramientas pedagógicas hayan sido desviados de manera ilegal. “Se gastó dinero para fines distintos a los que dispone la ley, sacrificando la educación de nuestros niños y niñas. No permitiremos que estas prácticas queden impunes”, afirmó.
Compromiso con la transparencia
En su declaración, la autoridad reafirmó el compromiso de su administración con la transparencia y la probidad, subrayando que mantienen una política de tolerancia cero con la corrupción. Además, aseguró que el municipio ya ha puesto en marcha auditorías internas y sumarios administrativos para fortalecer los controles internos y prevenir futuras irregularidades.
Con esta querella, la alcaldesa busca no solo esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales y administrativas, sino también enviar un mensaje claro: “No vamos a permitir que el dinero público sea utilizado de manera indebida. Estamos comprometidos con una gestión pública responsable y transparente”, enfatizó la edil.
La acción reafirma el compromiso de la gestión comunal con la protección de los recursos públicos destinados a la educación, garantizando que estos lleguen a nuestra comunidad educativa.
