La alcaldesa de Lebu, Marcela Tiznado, exigió explicaciones formales a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) tras la emergencia ambiental que afectó a la comuna producto de una quema autorizada que, según indicó, no habría sido debidamente fiscalizada ni controlada, generando consecuencias graves para la salud de la población y la seguridad vial.
“Yo no sé si CONAF fiscalizó esta quema como corresponde ni si revisó en terreno el impacto descontrolado que provocó. Ayer vivimos una situación gravísima: personas con enfermedades respiratorias en crisis, emergencias colapsadas, accidente de tránsito por visibilidad nula y vecinos que hoy siguen con sus casas pasadas a humo”, señaló la jefa comunal.
Tras lo ocurrido, la Unidad de Medio Ambiente del municipio ofició a la autoridad fiscalizadora mediante los canales institucionales correspondientes. En dicho escrito se expuso la profunda preocupación por las quemas realizadas en los sectores de Trancalco Alto y Bajo, autorizadas a la empresa Forestal Arauco. El documento detalla una serie de efectos negativos: incremento de cuadros respiratorios en la población, reducción crítica de visibilidad en vías principales con riesgo de accidentes y una contaminación atmosférica que alteró gravemente la calidad de vida de los habitantes.
Asimismo, se solicitó una fiscalización inmediata en terreno, la revisión de los permisos otorgados y la implementación de protocolos más estrictos para este tipo de actividades, especialmente en zonas habitadas.
“Aquí hay una responsabilidad institucional que no puede pasarse por alto. El delegado presidencial también debe intervenir. La comunidad está pasando la cuenta por lo sucedido con justa razón”, enfatizó la alcaldesa Tiznado.
Desde la Municipalidad de Lebu se informó que se han presentado los descargos formales por la vía correspondiente y que no se descarta recurrir a nuevas instancias administrativas o judiciales si no se obtienen respuestas satisfactorias en un plazo razonable.
“La salud de las personas no puede estar supeditada a decisiones técnicas que no consideran el territorio. En esto no hay matices: lo que se vivió en Lebu fue una negligencia institucional que no debe repetirse”, concluyó la alcaldesa.
